EFEMÉRIDES DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTAD0

LA GUERRA DE CASTAS: 1847-1901



"Venta de indios". Mural de Fernando Castro Pacheco. Palacio de Gobierno, Mérida Yucatán.

El 31 de julio se cumple un año más de la terrible conflagración social que enfrentó violentamente al gobierno del Estado con los campesinos mayas de las regiones fronterizas del Sur y Oriente de Yucatán. Su saldo lo dice todo: 50% de la población perdió la vida, la industria azucarera desapareció, muchos pueblos quedaron destruidos. Nos referimos a la mal llamada Guerra “de castas”, que en realidad fue una guerra entre clases sociales en el contexto de la transición al capitalismo agrario. Una época que tuvo a la tierra como motor del cambio, a la ganadería y las cosechas de azúcar de las haciendas como mercancía, y que vio a los jefes políticos mayas venir a menos hasta desaparecer así como guerras contra México y Campeche que dejaron exhausto al Estado y a sus arcas. Por si fuera poco, la Iglesia, con sus ambiciones ilimitadas, también estaba en crisis.

Los historiadores coinciden en señalar que la cuestión agraria, la enajenación de la tierra específicamente, fue la causa de dicha Guerra aunque combinada con la resistencia a los impuestos. Sin embargo, los campesinos rebeldes contradicen esta interpretación expresando una y otra vez en las cartas que escribieron que en el corazón de su levantamiento estaba la explotación a que los sometía el régimen de impuestos civiles (contribución) y religiosos (obvenciones.) Veamos al respecto lo que escribió el comandante rebelde Jacinto Pat:

 
... si aboliera [el gobierno] la contribución [y] asimismo que el derecho del bautismo [fuera] de tres reales, el de casamiento de diez reales...la misa según como estamos acostumbrados a dar su estipendio, lo mismo que el de la salve y del responso... descansaría todo indio, puesto que todos los de su raza están alzados, así es que con sólo lo que manifiesto...se retirarían... de lo contrario la vida o la muerte decidirá..” 1

Esto no quiere decir que los indígenas no estuvieran conscientes del problema agrario que pulsaban pues entablaron batallas legales por la defensa de sus tierras. Pero para ellos la cuestión agraria iba en tercer lugar, después de la abolición de la contribución civil y de la reducción de los aranceles religiosos de matrimonios, bautizos, etc. Tan así fue que cuando el gobierno del Estado propuso amnistía ofreció abolir o al menos reducir la contribución civil y, contrariamente, sus ultimata fueron en el sentido de aumentar esa contribución hasta de por vida. Nunca ofreció tierra.

Pues bien, ¿qué relación habría entre el terrible problema de la acumulación capitalista y el de los impuestos?

 

La cuestión agraria, en el trasfondo

Ciertamente, en la década de los años 1840 las regiones sudorientales experimentaban un rápido crecimiento por efectos del auge de la industria azucarera y la ganadera en el marco de la expansión de la producción y los intercambios mercantiles que siguió a la independencia de España. Así , el teatro del levantamiento de la Guerra estaba marcado por la privatización de las tierras públicas, declaradas “terrenos baldíos” para tal efecto. El gobierno liberal de Yucatán había promovido ampliamente el “espíritu de empresa” mediante una trilogía de leyes que buscaba impulsar el capitalismo agrario lanzando la tierra al mercado como mercancía bajo la ficción del “baldío”: la ley que limitó el tamaño de los ejidos de los pueblos y la que en consecuencia la puso en arrendamiento a los mismos pueblos, y la ley que recompensó a los soldados con concesiones de tierra. 2

Así, un estudio de los documentos de denuncia de baldíos muestra que del total de las 800,000 ha. de tierra enajenada por el gobierno de Yucatán entre 1843-1847, el 45% correspondía a los pueblos de Peto, Tekax, Tihosuco y Hopelchén, en aquellas regiones fronterizas del Sur y Oriente de Yucatán. Otro estudio muestra que los principales beneficiarios de la adjudicación de aquellos “baldíos”, resultaron los empresarios, los militares y los curas.3 En el caso de Peto, en 1845, sus ejidos ya no tenían la extensión legal por carecer de tierras públicas. El 20 de abril del mismo año, su jefe político subalterno informó al jefe político de Tekax sobre los problemas que pulsaban los pueblos de ese Partido por estar rodeados de propiedades particulares, lo que daba lugar dijo, a que los vecinos de un pueblo se introduzcan a labrar en los ejidos de otro soportando disgustos y reclamaciones desagradables... 4 

Pues bien, las oportunidades se buscaban en la agricultura, también en la política y a menudo en ambas partes, pero no eran para todos aunque las ambiciones fuesen iguales. La prosperidad tan elusiva en un Yucatán desprovisto de recursos naturales, no iba a llegar hasta las élites mayas representadas por las familias productoras de los jefes políticos de las “repúblicas de indígenas”, los batabes , quienes tenían a su cargo recaudar los impuestos percibiendo entre 3 y el 5 % de la recaudación total, como lo demuestra la escasa presencia de éstos en la lista de adjudicación de baldíos y su marginación de la sociedad municipal.

Promesas, “ensayos” y la grand finale

Junto a la carrera por la tierra vinieron las guerras contra México y Campeche, suscitando gran inestabilidad política en la sociedad municipal dividida entre grupos criollos representados por ayuntamientos y el gobierno estatal, y comunidades mayas organizadas políticamente en “ repúblicas de indígenas”, las que a través de su cabildo tenían representación sólo al nivel local. Estas guerras que utilizaban a los indígenas como “carne de cañón” también los enseñaban a utilizar armas por lo que han sido consideradas como “ensayos” de la gran Guerra. En efecto, el historiador Terry Rugeley dice que el primer “ensayo” sería el de la breve vigencia de la Constitución de Cádiz en Yucatán, entre 1813-1814, cuando se abolieron las obvenciones y los servicios personales. 5Según se dice, en aquel entonces los mayas dejaron de prestar sus servicios personales a los curas, al grado de que éstos se quejaron por estar casi en el colmo de que un sacerdote ministro del Altísimo se ponga sobre la piedra a moler su alimento y... a cargar sobre sus hombros la hierba para la subsistencia del caballo en que monta. 6 Muy sacados de onda por tanta resistencia, los curas habían señalado que al cesar las obvenciones, los feligreses habían desaparecido con una velocidad eléctrica , huyendo de las delicias de la vida en sociedad: se están volviendo unos misántropos , concluían. 7

El segundo “ensayo” de la Guerra de Castas sería el de las movilizaciones por militares que a la hora del reclutamiento prometían precisamente la abolición de impuestos. Fue el caso de las guerras del Cap. Santiago Imán, en 1839, contra el centralismo de Santa Ana, y en 1842, contra la expedición punitiva de Santa Ana, en la que al parecer participó al mismo Cecilio Chí, futuro caudillo rebelde. El tercer “ensayo” sería el levantamiento de Domingo Barret, en 1846, sólo un año antes del estallido de la Guerra, otra vez contra el centralismo y otra vez con la promesa de abolición de impuestos para procurarse “carne de cañón”. 8

En la práctica , las promesas del gobierno se reflejaron en la abolición de la obvención que pagaban las mujeres y su compensación simultánea mediante un dramático aumento en las contribuciones masculinas: 1 real mensual de contribución civil y 1 real mensual de obvención mayor, con la agravante que la edad legal del tributario de la obvención bajaba de los 16 a los 14 años. 9 En 1843, el gobierno integró la obvención a la contribución civil, todo por dos reales mensuales, comprometiéndose a sostener al clero y éste a no alterar los aranceles parroquiales. 10Los campesinos siguieron resistiendo mediante la evasión, la protesta y los “chanchullos” hasta causar una crisis en la iglesia como la de 1813, pues la falta de rentas de ésta llegó hasta el cabildo indígena y los batabes que lo presidían y trataban de cobrar impuestos incobrables. Los maestros cantores del cabildo, brazo derecho de los curas en el mantenimiento del culto y la liturgia, quedaron sin el estipendio con que la iglesia los proveía. 11Por su parte, las rentas de los batabes nos dejaban de caer poniendo en riesgo la conservación de sus privilegios de exención del pago de impuestos y de servicio personal, sin mencionar la pérdida de su autoridad sobre los campesinos a medida que las autoridades yucatecas que se arrogaban el derecho de elegirlos a partir de una terna turnada al gobernador, quien tenía la última palabra. Así, el mundo de la élite maya, legítima o espuria, se derrumbaba sin que sus ambiciones cristalizaran en el que se abría sólo para blancos. Fueron precisamente los batabes Jacinto Pat, de Tihosuco, Cecilio Chí de Tepic, y Manuel Antonio Ay, de Chichimilá, los que estallarían la Guerra de castas.

 

Descifrando el lenguaje de los impuestos

Situémonos ahora en el lugar de los indígenas para analizar el problema fiscal en el contexto económico y social que acabamos de esbozar. Entre 1843-1846, para las comunidades mayas en el seno de la sociedad municipal los impuestos eran de dos tipos: (1) los fijos, eran la contribución civil y la obvención mayor, que equivalían a 24 reales anuales, y (2) los variables, eran los aranceles parroquiales ligados a los ritos de pasaje del matrimonio, bautizos y entierros, u obvención menor. Ahora bien, la exigencia de los mayas rebeldes iba en el sentido de rebajar los impuestos que hemos llamado variables, no abolirlos, porque su función de legitimación era de la mayor importancia para reproducir sus relaciones de parentesco directamente, e indirectamente, reproducir sus relaciones de poder, ya que los jefes o batabes, debían su cargo a su descendencia de los linajes nobles. No así los impuestos fijos, cuya abolición exigían pues no tenía sustancia alguna dada la marginación en que vivían: eran la prolongaban del pasado Colonial.

Ahora bien, como desde 1786 todos los impuestos se pagaban en moneda, este pago forzaba la venta de fuerza de trabajo campesina en ranchos y haciendas, y es aquí donde, a nuestros ojos, se cruzarían las causas agraria y fiscal de la Guerra. En 1846, cuando el jornal por un día de trabajo de por lo menos 6 horas era de 1 real más media carga de maíz, los impuestos equivalían a 144 horas de trabajo. Si se resistían a vender su fuerza de trabajo corrían el riesgo de Marcelo Uc quien, en 1840, no pudo pagar su contribución civil y tuvo que enfrentar al alcalde de Ebtún, a quien acusó porque: “...mandó a sus soldados para que se me amarrase como a un delincuente, se me castigase con azotes, se me pusiese en la cárcel y enseguida dirigírseme al pueblo de Chichimilá sólo porque no tuve para pagar las obvenciones de mi pobre esposa...” 12 

Por otro lado, si iban a pagar trabajando por moneda en un rancho o hacienda caían en el peligro de la espiral de la deuda que legalmente obligaba a liquidar el adeudo con trabajo, lo que era prácticamente venderse uno mismo. Es obvio que este sistema no convenía a los campesinos, a juzgar por las demandas de los rebeldes de la Guerra quienes también reclaman la abolición de las deudas, y de actitudes como la de los hermanos Juan y Dionicio Pantí, quienes en su declaración ante las autoridades de Tixméuac que los acusaban de prófugos, dijeron que “preferían que llevasen sus cuerpos en pedazos que volver a servir en el rancho de donde habían escapado ”. 13

No obstante, desde mucho tiempo atrás hubo indígenas que tomaron la opción de recurrir a las haciendas en busca de la protección del propietario frente a sus batabes y párrocos, cuando no simplemente evadirse en los montes originando “poblaciones ocultas”, que fueron en aumento con el tiempo, los abusos y la explotación y debieron engrosar las filas de los rebeldes, cuando no conspirar e para estallarla. 14 La mejor prueba es que los hacendados empezaron a ser presionados para que pagasen los impuestos de aquellos que serían sus sirvientes, (“luneros”), y lo hacían pero de mala gana. 15 Sin embargo, a partir de los años 1840's, con la expansión de la agricultura comercial, este movimiento de dispersión comenzó a convenir a los hacendados por lo que se cree que la subrogación del pago del impuesto campesino está en el origen del sistema de trabajo forzado por deudas que caracterizó a la hacienda henequenera específicamente. 16 En todo caso, la nueva relación hacendado-campesino, protegida por las leyes estatales del capitalismo agrario que desde 1824 castigaban como delito penal la huida de deudores, terminó de romper el hilo del viejo tejido social de las comunidades por la parte más sensible: los batabes, quienes salían sobrando.

Así, ante el proceso de transición capitalista por el cual la hacienda y la producción mercantil disolvían el poder de los batabes y también de las relaciones de la iglesia con el Estado y las comunidades campesinas, los campesinos tenían tres opciones: pagar, acogidos o no en las haciendas, evadirse emigrando, y enfrentarse activamente. Los tres famosos batabes que acaudillaron la Guerra, optaron por enfrentarse en un conflicto bélico que no terminaría sino 50 años después, en 1901, cuando tropas federales tomaron la capital de los rebeldes Chan Santa Cruz. Las llamadas “poblaciones ocultas”, emigraron a los montes, fuera de poblado, mientras que los sirvientes de hacienda optaban por pagar. Los tres grupos debieron hacer sus opciones tomando en cuenta el peso de los impuestos porque ninguno, salvo quizá los batabes más ambiciosos, –y esta es la clave para decodificar el lenguaje de los impuestos- podía trascender su propia organización social donde la economía era una función ensamblada a otras funciones, al parentesco, la política y la religión, y estaba organizada con base en la apropiación colectiva de la tierra. Es decir, no podían ver aquella relación mercantil, y en general el proceso de la transición al capitalismo, desde un plano directamente económico. Hubieran tenido que entender que la economía capitalista es una institución , entre otras instituciones, y no una función, que está organizada sobre la lógica de la propiedad privada, y no sobre la propiedad colectiva.

En una palabra, el mensaje de los batabes era conservar la comunidad. Para esto tenían que organizar su propia Iglesia y culto, como lo hicieron alrededor del culto teocrático-militar de una “Cruz parlante” en su capital Chan Santa Cruz (hoy Tixcacal Guardia, Quintana Roo). Se creía que a través de su oráculo esa Cruz dirigía las campañas militares de los rebeldes “mayas-cruzoob”, como llegaron a conocerse y quienes hasta hoy conservan sus tradiciones.

 

Documentos:

Fondo Poder Ejecutivo

01 Correspondencia en maya de los indígenas sublevados. 1847.

02 Amnistía ofrecida a los indígenas sublevados con el fin de terminar con la Guerra de Castas. 1848.

03 Correspondencia en maya de los indígenas sublevados. 1851.

04 Queja de la ruptura de un cercado de una hacienda por los indígenas sublevados. 1853.

05 Queja de algunos indígenas sobre los destrozos causados por los indígenas sublevados. 1854.

06 Contrato que firmaban los indígenas ante la Agencia de Colonización hacia Cuba en el que se disfrazaba su tráfico como esclavos. 1855.

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1 Carta de Jacinto Pat al Padre Canuto Vela, Tihosuco, 24 de febrero de 1848. En: Eligio Ancona, op. cit . pp. 411-412. Véase también, entre otras muchas cartas mayas, la de los caudillos Bonifacio Novelo y Florentino Chan al gobernador, de 10 de diciembre de 1847, y de Cecilio Chí, fechada en Ekpedz el 23 de noviembre de 1847. En: ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE YUCATAN (citado AGEY en adelante) , Poder Ejecutivo, Gobernación, "Programa de los indios sublevados", Caja 66.

2 Dada la naturaleza itinerante de a agricultura maya del maíz, milpa, que impone una relación hasta de 5 superficies cultivables por cada superficie cultivada, los baldíos no eran tales. Las leyes que reglamentaron su enajenación fueron: Ley del 5 de abril de 1841: “Sobre enajenación de terrenos baldíos.”; Ley del 17 de noviembre de 1843: “Aplicando los terrenos baldíos a la amortización de la deuda del Estado.” y el “Acuerdo de 18 de octubre de 1844: “Sobre arrendamiento de terrenos baldíos y comunes.” En: Alonso Aznar Pérez, Colección de leyes, decretos y órdenes o acuerdos. Tomos II y III. Imprenta del editor, Mérida, 1850.

3 Robert W. Patch: “Descolonización, el problema agrario y los orígenes de la Guerra de Castas, 1812- 1847.” En Othón Baños Ramírez, ed .: Sociedad, estructura agraria y Estado en Yucatán . Universidad Autónoma de Yucatán, 1990, pp. 71-74; Terry Rugeley: Yucatan's Maya Peasantry and the Origins of the Caste War . University of Texas Press, Austin, 1996, pp. 36-37.

4 AGEY, Poder Ejecutivo, Gobernación, "Copiador del Secretario de Gobierno", Mérida, 1845.

5 Rugeley, op.cit., pp. 48-57.

6 "Representación de Fray Pedro de Guzmán, cura de Uayma, sobre la conducta observada por los indios al otorgarles su libertad la constitución". AGEY, Fondo Colonial. Ramo Varios. Vol. 1, Exp. 16. 1812.

7 "Escrito de los apoderados de los curas en la cuestión de obvenciones". En: Eligio Ancona, Historia de Yucatán, Vol. IV, pp. 488-489.

8 Rugeley, op. cit. pp. 119-122; 165-166.

9 Decreto del 9 de septiembre de 1840: "Reduciendo la obvención de los varones indígenas". En Aznar Pérez, op. cit . Tomo I.

10 En Art. 2 de la Ley de 17 de junio de 1843: "Imponiendo las contribuciones que se expresan", que a la letra dice: "Los indígenas que no teniendo bienes de ninguna clase subsisten de su trabajo personal, contribuirán con dos reales cada mes, desde la edad de dieciséis años hasta la de setenta". Notemos que la edad del tributario volvió a ser dieciséis años. Aznar Pérez, op. cit . p. 245. Para no alterar la tarifa de derechos parroquiales Cf.: Decreto de 17 de junio de 1843: "Aboliendo las obvenciones y dejando a cargo del tesoro público atender con la cantidad que se expresa al sostenimiento del culto y sus ministros". Aznar, op. cit ., Tomo II, p. 249. Para entender la enorme importancia de las tarifas parroquiales en el conflicto, cuatro días antes del mismo se firmó un decreto que en su artículo 3°. dice que el Obispo se comprometía a moderar los derechos parroquiales. Aznar . op. cit ., Tomo III. p. 142.

11 Rugeley, op. cit. p. 25.

12 "Representación de Marcelo Uc y otros vecinos de Ebtún querellándose contra el alcalde auxiliar de dicho pueblo por atropellos que cometen al cobrar las contribuciones civiles y eclesiásticas". 1840. AGEY, Poder Ejecutivo, Gobernación. Vol. 12, Exp. 10.

13 Cf. la carta del cura párroco de Hocabá, Antonio Ávila al gobernador, del 19 de abril de 1938 en la que dice que: "… los indios de Sanahcat y Sahcabá casi todos han emigrado con el pretexto de no tener qué comer, y los de Huhí jamás han pagado con puntualidad y mucho menos los sirvientes y luneros de las haciendas, así porque sus amos los esconden y protegen como también por la apatía y connivencia de las autoridades", AGEY, Poder Ejecutivo, Correspondencia oficial. Vol. 7, Exp. 6; Carta al gobernador del hacendado Domingo Tenreyro al Gobernador, del 17 de septiembre de 1845, AGEY , Poder Ejecutivo, Gobernación, Caja 59.

14 Véase Piedad Peniche Rivero: “Oponiéndose al capitalismo en Yucatán. La causa de los rebeldes de la guerra de castas (1847- 1850” , Desacatos, 9. Primavera-verano, 2002, donde se hace un estudio de las “poblaciones ocultas” .

15 García Bernal , op.cit . pp. 381-391.

16 Eligio Ancona, op. cit., tomo 3, p. 170.