20 de Agosto de 1823

Instalación del Primer Congreso Constituyente de Yucatán

 

 

Tomado de: Ancona, Eligio

Historia de Yucatán desde la época más remota hasta nuestros días.

Segunda Edición, Imprenta de Jaime Jesús Roviralta, Barcelona, 1889.

Tomo III, pp. 273-291

 

CAPITULO II. 1823-1824

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Proclamación de la república federal.- Causas que la motivaron.- Nombramiento de la Junta provisional gubernativa,- Regocijo público.- Instalación del Congreso constituyente.- Bases federativas.- Nota del ministro Alamán.- Acta federativa de la Unión.- Causas que obligaron al Gobierno de Yucatán a no publicarla íntegra inmediatamente.- Movimiento verificado en Campeche el 15 de febrero de 1824.- Oposición entre los intereses mercantiles de Mérida y los de aquella plaza.- Facultades que da el congreso al ejecutivo para reducir a los facciosos.- “La Columna."

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Mérida y  Guadalajara fueron las dos primeras ciudades de la nación mexicana que proclamaron la república Federal. Ciertos hábitos de independencia y libertad contraídos en la península durante los últimos tiempos del período colonial, habían hecho nacer en sus habitantes la aspiración de gobernarse a sí mismos. Pero como no se les ocultaba que la provincia carecía de algunos de los elementos necesarios para constituir una nación independiente, y como además su situación geográfica, su comercio y otros vínculos no menos poderosos, creados también desde la época de la dominación española, la impulsaban a marchar unida a la antigua Nueva España, se creyó con mucho acierto que estos dos intereses opuestos quedarían conciliados con la proclamación del sistema federal. La rapidez con que progresaba la vecina república de los Estados Unidos, llenaba de admiración a los hombres pensadores del país, y .atribuyendo este desarrollo siempre creciente a su forma de gobierno, se propusieron estudiarla con el objeto de implantarla en su patria. Los sucesos que vamos a referir en seguida, prueban que este estudio se había hecho ya con alguna madurez, y si amargas decepciones vinieron ti probar muy pronto que no era fácil aclimatar en un pueblo de origen indo-latino las instituciones de la raza sajona, cábele al menos a nuestros padres la gloria de haber iniciado el pensamiento de la federación, que fue una necesidad del momento y que cualesquiera que sean las agitaciones en que se haya merecido después, la experiencia ha venido a demostrar que es el menos inadecuado para gobernar nuestra turbulenta república.

El día 29 de mayo de 1823, la Diputación provincial se reunió en sesión extraordinaria para tomar una resolución sobre el asunto de que venimos hablando, y el cual preocupaba en aquellos momentos todos los ánimos. El secretario D. Joaquín Castellanos dio lectura a varias representaciones que acababa de recibir, y de las cuales la primera estaba suscrita por un gran número de ciudadanos, y las demás por los jefes, oficiales y soldados que residían ordinariamente en la ciudad. En todos estos escritos se pedía que se proclamase desde luego la .unión a México, bajo las bases de una república federal, siempre que su gobierno fuese liberal y representativo y reuniese además las condiciones siguientes:

1.- Que la unión de Yucatán será la de una república federada, y no en otra forma, y por consiguiente tendrá derecho para formar su Constitución particular y establecer las leyes que juzgue convenientes a su felicidad.

2.- Que al supremo gobierno de México pertenece:

I. La formación de los tratados de alianza y de comercio, declaraciones de guerra y demás asuntos generales de la Nación, teniendo en consideración las circunstancias particulares de esta provincia, y en lo que fuere posible oír al senado yucateco.

II. Nombrar todos los empleados militares de brigadieres arriba, y en lo eclesiástico, de obispos en adelante.

III. El nombramiento de empleados diplomáticos y de comercio en las naciones extranjeras, debiendo rolar estos destinos, tanto en las demás provincias de la Nación, como en ésta.

IV. En consecuencia de esto se reserva el senado yucateco el nombramiento de las demás autoridades, y el hacer ingresar en la tesorería general de la Nación el cupo que le corresponda en los gastos generales.[1]

La simple lectura de estos documentos hizo comprender a la Diputación provincial que carecía de facultades para adoptar por sí sola una resolución sobre tan importante materia. Es verdad que algunas veces, en circunstancias extraordinarias, se había arrogado el ejercicio de soberanía, aunque en  tales casos había procurado siempre descargar una parte de su responsabilidad en la junta general de todas las autoridades que con tal objetó convocaba. Pero ahora, por una coincidencia que acaso fue hábilmente preparada por los jefes del partido republicano, la mayoría de la provincia se hallaba representada en aquellos momentos en Mérida por medio de los electores de partido que se habían ido presentando sucesivamente para nombrar la Junta provisional gubernativa. Teniendo presente esta circunstancia la Diputación provincial, acordó convocar en el instante, no sólo a todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, sino también a los electores de partido, que eran la verdadera y genuina representación de la provincia, puesto que habían sido nombrados conforme a las prescripciones electorales de la constitución vigente.

Reunióse la Junta en el salón mas amplio del palacio municipal, y como ya era conocido en el público su objeto, un numeroso concurso acudió a presenciarla. Comenzó aquel acto solemne con la lectura de los documentos que habían provocado la reunión, y aunque alguien suscitó la duda de que pudiese estar allí representada legítimamente la provincia por no hallarse presentes todos los electores de partido, se le hizo observar que bastaba la mayoría para constituir esta representación, y que a mayor abundamiento formaba parte de la junta la Diputación provincial, que reunía los votos de toda la península.[2] Resuelto este punto de trascendental importancia, se entró de lleno en la discusión del proyecto que encarnaban las peticiones a que se acababa de dar lectura. Casi todos los concurrentes ardían en deseos de pronunciarse inmediatamente en favor de la república, alegando que el sistema federal reunía los votos de todo el país. Pero se quiso dejar la iniciativa a los electores de partido, por la alta representación que tenían; mas consultados sobre la materia, dijeron que querían escuchar previamente la opinión de la Diputación provincial. Entonces esta asamblea -dice el acta respectiva- se pronunció en favor de la república federal, con la más amplia, decidida y espontánea voluntad. Solamente la voz de un cura, antiguo rutinero, se opuso a esta manifestación, pero quedó completamente aislado, porque todos los demás componentes de la Junta, empleados civiles, alcaldes, regidores, militares y clérigos se adhirieron sucesivamente al voto de la Diputación provincial. El gran número de espectadores que inundaba la sala, prorrumpió al instante en estrepitosos aplausos y saludó con sus vítores y aclamaciones de júbilo a la nueva república.

Documento 1

Cuando se hubo calmado el tumulto que produjeron estas manifestaciones, el cura de san Cristóbal, D. Francisco de Paula Villegas, de quien tanto hemos hablado en el libro anterior, tomó la palabra para indicar que mientras se constituía la península bajo la nueva forma de gobierno que acababa de adoptar, creía conveniente que se procediese desde luego a nombrar la Junta provisional gubernativa, para cuya formación habían sido convocados en Mérida los electores de partido. El pensamiento fue adoptado por unanimidad, teniendo presente sin duda que estos electores componían casi la mitad de la reunión. Procedióse inmediatamente a la elección por medio de cédulas, y quedaron nombrados por mayoría de votos para propietarios, los ciudadanos Tiburcio López, Pablo Lanz, Francisco Facio, Simón Ortega y Raimundo Pérez. Para suplentes fueron designados los CC. Manuel León, Pablo Moreno, Perfecto Baranda, José María Meneses y Benito Aznar.

Terminada esta elección, todos los componentes de la junta, prestaron el juramento siguiente: ¿Juráis a Dios sostener la república federada de esta provincia, sin permitir en ella otra forma de gobierno?

La sesión se había prolongado ya demasiado, y aunque el secretario tenia todavía en su carpeta una proposición sobre las atribuciones que debería ejercer la Junta gubernativa, se acordó reservar su discusión para el día siguiente, en que los mismos ciudadanos se reunirían para aquel objeto.

Ninguno faltó a la cita, y abierta de nuevo la sesión, el diputado por Mérida, D. Pedro Almeida, que desde 1812 venia proclamando los principios liberales, presentó un escrito en que después de felicitar a la provincia por haber proclamado la república federal, pedía que se acordasen inmediatamente las atribuciones que podría ejercer la Junta gubernativa, a fin de que se entrase a la brevedad posible en la senda que demandaba el nuevo sistema de gobierno. Había diversidad de pareceres en la reunión, sobre el carácter que debía tener la Junta, que iba a asumir el gobierno provisional, llegando a querer algunos que fuese instituyente pero después de algunas advertencias hechas por D. Pablo Moreno, que se señalaba siempre por la rectitud de su juicio y. por D. José María Meneses, joven sacerdote que comenzaba a distinguirse en las filas liberales, se acordaron al fin las proposiciones siguientes:

1.- Que la Junta provisional gubernativa debería ceñirse a ejercer el poder ejecutivo con arreglo al decreto de las Cortes españolas de 8 de abril de 1813 en cuanto no se opusiese a las bases del sistema republicano y fuese conforme a la situación y circunstancias de la península.

2.- Que la misma Junta convocase al pueblo para la elección de un Senado o Congreso Provisional, el cual debería componerse de diputados elegidos por: cada veinticinco mil habitantes.

3.-  Que luego que este Congreso se instalase, debería disolverse la Junta gubernativa.

No se hallaban presentes en Mérida los cinco individuos que el día anterior habían sido nombrados en propiedad para componer este poder ejecutivo; pero no sucediendo lo mismo con los suplentes, se acordó que desde luego se instalase la Junta, con los señores López, Facio, Moreno, Meneses y Aznar, a fin de que desde el día siguiente comenzase a ejercer sus funciones. Todos prestaron el juramento que se les exigió de sostener a todo trance la nueva forma de gobierno que había adaptado el país, y la reunión se disolvió enseguida, mandando celebrar en señal de regocijo varias fiestas públicas, entre las cuales no faltó, según costumbre, un solemne Te-Deum cantado en la Catedral.

Todos los pueblos de la provincia, luego que tuvieron una noticia oficial de los sucesos que acabamos de referir, se apresuraran a secundar el movimiento de Mérida, proclamando la república federal. Campeche la proclamó también, no sólo por los sentimientos liberales de que se hallaba poseído la generalidad de sus habitantes, sino parque se procuró halagarlas, poniendo un campechano entre los cinco individuos propietarios de la Junta gubernativa y otro entre los suplentes.

Instalado esta Junta en la casa de gobierno, comenzó inmediatamente a dictar todas las disposiciones necesarias para que la nueva república se constituyese a la brevedad posible. La mas notable fue sin duda la convocatoria que expidió en 7 de junio, para que fuesen elegidos los diputados que debían componer el Congreso constituyente, conforme a. las reglas establecidas en la constitución española.

El día 20 de agosto de 1823, será para siempre memorable en las anales de Yucatán, por haberse reunido en él la primera asamblea legislativa que hubo en la península, y la cual tomó el nombre de Augusto Congreso Constituyente. Su primer presidente, D. Pedro Manuel de Regil, diputado por Campeche, la declaró legítimamente instalada ante el numeroso concurso que había acudido a presenciar esta solemnidad. Para celebrar debidamente este acontecimiento y conmemorarla en lo sucesivo, se decretaron tres días de .regocijo público y se declaró feriado el día 20 de agosto.

Documento 2

Uno de los primeros cuidados del Congreso fue habilitar a la Junta provisional gubernativa para que siguiese ejerciendo el poder ejecutivo a pesar del acuerdo tomado en 29 de mayo, que la condenaba a la disolución, luego que se instalase la asamblea legislativa. En seguida redujo esta Junta al número de tres individuos, para facilitar más el despacho de los negocios, y por último detalló sus facultades en un decreto que lleva la fecha de 25 de agosto. También cuidó el Congreso en sus primeras sesiones de dictar algunas medidas que exigían las nuevas instituciones y el porvenir de la península. Prohibió la introducción de esclavos en el Estado, declaró libres a todos los que nacían en su suelo, decretó algunas franquicias en favor de los extranjeros para favorecer la inmigración, quitó varias gabelas al comercio, y abolió los títulos, los tratamientos y 1as condecoraciones.[3] 

Pero el decreto más importante que en aquella época expidió el Congreso, fue el que contenía la declaración de las bases federativas, que por ser más claras y explícitas que las acordadas en la Junta general de 29 de mayo, creemos necesario reproducir a la letra:

1.- Que el Estado de Yucatán es soberano e independiente de la dominación de cualquiera otro, sea el que fuere.

2.- Que la soberanía, resultado de todos los derechos individuales, residiendo esencial y colectivamente en los pueblos que componen este Estado, a ellos toca exclusivamente el derecho de formar su régimen interior y el de acordar y establecer por medios constitucionales sus leyes políticas, civiles y criminales.

3. - Que para proveer mas eficazmente a su defensa exterior, así como para estrechar más los vínculos de fraternidad, es su voluntad confederarse sobre bases de relativa equidad y con pactos de absoluta justicia con los demás Estados independientes, que componen la Nación mejicana.

4.- Que el ejercicio del poder supremo del Estado se conservará dividido para jamás reunirse, en legislativo, ejecutivo y judicial.

6.- [4] Todos los funcionarios públicos son delegados y agentes del pueblo, y como tales, sujetos en todo tiempo a justa responsabilidad.

7: El territorio del Estado es un asilo inviolable para las personas y propiedades de toda clase pertenecientes a extranjeros. La constitución y las leyes los amparan en su posesión, del mismo modo que a los nacionales, y ni a título de represalia en tiempo de guerra, ni por ningún otro motivo, que no esté determinado en dicha constitución y leyes, podrán confiscarse, secuestrarse o embargarse.

Pocos días después de publicada esta declaración, la Junta gubernativa recibió una nota de D. Lucas Alamán, ministro del gobierno provisional establecido en México, en que se censuraba a Yucatán su conducta por haberse apresurado a proclamar la república federal. Calificábase este paso con los epítetos de inmaturo, in circunspecto y anárquico, y se pretendía además que haría peligrar la independencia y la seguridad nacional. La Junta consultó al Congreso, y de acuerdo con éste, respondió la nota del ministro con una comunicación llena a. la vez de moderación, dignidad y energía. “La provincia de Yucatán, decía en ella, adoptando la forma de gobierno republicano federal, que ni el Congreso ni el Supremo Poder ejecutivo han querido contrariar, no ha hecho otra cosa que usar de un derecho, de que nadie le puede privar, y seguir la inclinación de los pueblos. Comportándose en su pronunciamiento con toda la circunspección que exigía negocio tan interesante: respetando los derechos de los demás pueblos é invocando la unión y amistad de las otras provincias, no puede ser zaherida con justicia de anárquica e inconsiderada, tan solo por no haber esperado el permiso de las autoridades supremas para usar del derecho de proveer a su propia conservación." Descendiendo enseguida a calmar el recelo que inspiraba al ministro la actitud que había tomado Yucatán, la Junta manifestaba la esperanza de que el Congreso general, próximo a instalarse, fijaría las recíprocas obligaciones que tendrían entre sí los Estados y la Federación, y añadía que entretanto la península continuaría formando parte de la Nación bajo las bases que había decretado el Congreso local en 27 de agosto último, y no de otra manera. Terminaba la comunicación con la cláusula siguiente, colocada al pié de algunas reflexiones sobre las ventajas del sistema federal; "Tiempo es ya de que el Supremo poder ejecutivo se penetre de estas verdades, y que le haga la justicia al Estado yucateco de considerarlo parte integrante de la Nación mejicana, y no una potencia aislada, solo porque quiere, como es de su obligación conservar su tranquilidad, mientras una suerte mas venturosa saca a la nación del peligro que la amenaza y la reúne en un Congreso general a formar el pacto federativo que todos apetecen."

Ninguna consecuencia ulterior tuvo este incidente, porque habiendo seguido el ejemplo de Jalisco y de Yucatán las demás provincias mexicanas, el Congreso general constituyente que se instaló en la capital de la Nación el 7 de noviembre de aquel año se sintió arrastrado a adoptar el sistema federal, como lo adoptó en efecto, en el artículo 5º del Acta constitutiva que expidió el 31 de enero de 1824. Este artículo 5º fue comunicado al gobierno de Yucatán con bastante anticipación pues el Congreso local ordenó en 1° de febrero que fuese publicado en el Estado con toda la solemnidad posible y demostraciones de regocijo por tan plausible como deseada noticia. No sucedió lo mismo con toda el Acta constitutiva, de cuya. Expedición se tuvo noticia en la península quince o veinte días después, aunque, no fue comunicada entonces oficialmente al gobierno del Estado.[5] Sea por esta .circunstancia o mas bien porque la referida Acta contenía artículos contrarios a las bases con que Yucatán había proclamado su unión a México, ni el Congreso local ni la Junta gubernativa dispusieron su publicación. Entre otros artículos en que se notaba esta oposición se hallaban especialmente el 27 y el 28 en que se disponía que ningún Estado podría imponer derechos de tonelaje, ni de importación o exportación sin consentimiento del Congreso general; y como Yucatán, según hemos dicho, tenia su arancel especial de aduanas desde los últimos años del gobierno colonial, el cual constituía además la .principal fuente que abastecía su erario, no podía estar conforme con una restricción que podría arruinar su pobre comercio, y que seguramente iba a dejar exhaustas las cajas del tesoro.

Los mismos periódicos que insertaban en sus columnas el Acta constitutiva trajeron a Yucatán la noticia de otro suceso, que felizmente no tuvo por entonces graves consecuencias. En la noche del 23 de enero de 1824 el brigadier Lobato se había pronunciado en la misma capital de la república con el objeto de pedir al Congreso una ley para que separase a los españoles de los empleos que desempeñaban. Aunque casi todas las tropas de la guarnición secundaron este movimiento, el Congreso tuvo el valor necesario para no ceder a la presión de las armas; y no solamente se negó a expedir la ley, sino que hizo llamar otras de las provincias, las cuales acudieron inmediatamente a su defensa. Gracias a esta entereza el pronunciamiento quedó ahogado en su cuna, y varios de los principales culpables fueron severamente castigados.

Los dos sucesos que acabamos de referir, dieron pretexto a Campeche para asumir una actitud hostil contra el gobierno del Estado, que marchaba en perfecta consonancia con las ideas que reinaban en Mérida. El 15 de febrero se verificó en aquella plaza uno de esos tumultos populares, que desde el año de 1820 habían sido tan frecuentes. El ayuntamiento se vio en la necesidad de reunirse y convocar una Junta compuesta de todas las autoridades y jefes de la guarnición. El pueblo nombró cinco delegados que representasen sus derechos en la reunión, y estos presentaron una proposición concebida en los términos siguientes: “El pueblo campechano reunido extraordinariamente con el mejor orden y armonía por medio de sus representantes, reclama de hecho y de derecho las tres bases fundamentales del sistema independiente que adoptó y juró las cuales siendo libertad, seguridad y propiedad, exigen las tres cualidades siguientes: 1.- La unión general de bases con Méjico. 2.- guerra a España que nos hostiliza. 3.- Los empleos y destinos en americanos idóneos, moderados y decididos por nuestra emancipación, conservando los actuales jefes patricios o de escala, sin perjuicio del arreglo interior del Estado.[6]

Documento 3

Hubo alguna divergencia de opiniones entre los individuos que componían la Junta; pero después de una larga y acalorada discusión, fueron acordados los tres puntos que comprendía la solicitud. En consecuencia de este acuerdo, la guerra a España fue declarada aquel mismo día, publicándose la declaración por un bando solemne que recorrió las calles acostumbradas. En seguida fueron destituidos los españoles que estaban empleados y sustituidos con algunos de los instigadores del tumulto, que tenían la dicha de haber nacido en América.

A pesar del barniz patriótico con que los autores de este movimiento pretendieron justificarlo, el mas ligero examen basta para hacer comprender que el primer punto que abrazaba era infundado; y el último, contrario a la marcha que había adoptado la nación. Ya hemos dicho las causas que impidieron de pronto al gobierno del Estado publicar el Acta constitutiva que habían insertado los periódicos. En cuanto a la destitución de los empleados españoles, también hemos visto ya que el mismo Congreso general la había reprobado, castigando severamente a los que habían empuñado las armas para exigirla.

La declaración de guerra a España era el único punto en que la razón legal podía estar de parte de los disidentes campechanos. En efecto, en 8 de octubre de 1823 el gobierno provisional establecido en México, comunicó al de Yucatán un decreto en que se declaraba la guerra nuestra antigua metrópoli con motivo de que la guarnición española encerrada todavía en el castillo de San Juan de Ulúa había vuelto a romper sus hostilidades sobre Veracruz. Como esta declaración traía consigo la incomunicación de los puertos mexicanos con los españoles, de la cual debía resentirse gravemente el comercio de la península, la Junta gubernativa se vio en la necesidad de suspender la publicación del decreto y de representar al gobierno de México el grave perjuicio que acarrearía al Estado su exacto cumplimiento. Apoyábase la representación en dos fundamentos principales.[7] Consistía el primero en que los dos años de independencia que llevaba Yucatán, no le habían bastado para extender su comercio a las naciones lejanas, y en consecuencia estaba casi limitado todavía a los mismos puertos que le señaló el gobierno español, es decir, la Habana y Veracruz. Consistía el segundo fundamento en que las principales rentas del Estado eran los derechos aduanales que pagaban los efectos extranjeros a su introducción, y desde el momento en que cesase el comercio con los puertos españoles, quedaría cegada la fuente más rica del erario.

Debe observarse no obstante que los intereses de Campeche se hallaban en completa oposición con los del resto de la península en el punto de que venimos hablando y a lo cual debía atribuirse especialmente el movimiento del 15 de febrero. Mérida, o lo que es lo mismo, toda la región que constituye actualmente el Estado de Yucatán; hacia por el puerto de Sisal un comercio activo y sumamente ventajoso con la isla de Cuba, de donde recibía desde 1811 efectos de Europa, y donde consumía sus pobres pero abundantes producciones. Este era casi el único canal de su comercio, y si se le cerraba el puerto de la Habana, iban a ser incalculables los perjuicios que reportarían el pueblo y el gobierno. Campeche, por el contrario, hacia su principal comercio con Veracruz y hallándose en perfecta consonancia su patriotismo con- sus intereses mercantiles, no era extraño que mientras Mérida huía de publicar la declaración de guerra a España, aquella plaza la precipitase para aniquilar el comercio de su rival. Todo esto, sin embargo, no justificaba completamente a los disidentes de Campeche, ni en cuanto al segundo punto que abrazaba el pronunciamiento, porque habiéndose hecho una representación sobre el particular al gobierno de México habría debido al menos esperarse a que contestara para tomar una resolución.

A pesar de lo poco que convenía a Mérida una guerra declarada con su antigua metrópoli, no se creyó eximida por esto, de contribuir en cuanto le fue posible a la defensa de la nación, cuando vio amagada se independencia. Cuando en- octubre de 1823 el general Victoria pidió a Yucatán auxilio para defender la plaza de Veracruz. Hostilizada por los españoles que guarnecían el castillo de Ulúa, la Junta gubernativa le mandó entregar diez piezas de artillería y otros pertrechos de guerra que se sacaron de Campeche, y además mandó abrir suscripciones en toda la en toda la península para remitirle algún dinero, de que como en todo tiempo, estaba sumamente exhausto el erario.[8] En otra ocasión ordenó el Congreso local que de los: hombres de mar que había en la península, saliesen doscientos para el puerto de Alvarado en cumplimiento de una orden que había sido expedida por el poder ejecutivo de la nación. Pero como el patriotismo no está reñido con la hospitalidad, y en Mérida estaban avecindados muchos españoles, todavía se conservaba por ellos muchas simpatías, mientras que en Campeche eran odiados por el partido que había llegado a dominar la situación. Habiendo llegado al puerto un buque que traía varios comerciantes españoles emigrados, recogidos en San Juan de Ulúa, el ayuntamiento no los dejó desembarcar, y aquellos desgraciados se vieron obligados a continuar viaje para la Habana. “El Congreso del Estado reprobó esta conducta diciéndole al ayuntamiento que había oído tal hecho con desagrado.”[9]

No fue menos desagradable la impresión que causó en Mérida la noticia del tumulto acaecido el 15 de febrero. El Congreso expidió el día 18 un decreto en que declaraba que seria castigado como perturbador del sosiego público todo el que cometiese cualquier atentado contra las autoridades o funcionarios públicos, y contra las personas, propiedades o derechos de los españoles avecindados en el territorio del Estado. Fácilmente se comprende que este decreto encontró viva oposición entre los sediciosos de Campeche, por cuya causa no pudo ser publicado en aquella ciudad. Desde este momento casi todos los españoles que estaban avecindados en la población, se llenaron de recelos y comenzaron a emigrar, dirigiéndose algunos a Mérida y otros muchos al extranjero.

Documento 4

Se hacia ya necesario restablecer el orden público interrumpido en Campeche, y con el objeto de conseguirlo, el Congreso invistió de algunas facultades extraordinarias a la Junta provisional gubernativa, en dos decretos expedidos en 18 de febrero y 1° de marzo. Mas como estas medidas no bastasen, el mismo Congreso, en otra orden que lleva la fecha de 8 de marzo, ordenó al gobierno que hiciese marchar a la ciudad disidente, la fuerza armada que tenia a su disposición. Dióle al mismo tiempo algunas instrucciones para evitar que la sangre corriese en una contienda, que quizá podía ser aplacada con cierto tino y prudencia. El Jefe de la fuerza debía anunciar a los habitantes de Campeche que no marchaba a hostilizarlos, sino a proteger sus derechos hollados por los sediciosos, en cuya virtud no debía impedir que continuase el tráfico acostumbrado de la plaza, sino cuando lo exigiese imperiosamente la necesidad. Debía situarse en el lugar conveniente para ponerse en contacto con los militares de la plaza, con las autoridades, y hasta con los disidentes que no tuviesen ningún carácter público, para hacer volver a unos sobre sus pasos y para persuadir a otros que el gobierno del Estado tenia las mejores intenciones de aceptar todas las bases con que se quería la Unión al gobierno de México. La fuerza, por último, debía retirarse, luego que las autoridades de la ciudad se creyesen con la libertad necesaria para obrar y para ejecutar todas las órdenes que recibiesen del gobierno del Estado.

Todas estas instrucciones respiraban el más puro patriotismo y la más sana intención de evitar por todos los medios posibles que estallase la primera guerra civil en la península. Pero entre las manifestaciones que debían hacerse a los pronunciados, había una cláusula en que se traslucía el interés mercantil de que en otra parte hemos hablado, y que envolvía una disculpa mal forjada. Héla aquí: "Que la guerra con la nación española ha continuado de derecho tolerándose no obstante de hecho y por solo el tiempo necesario para hacerla con ventaja, la comunicación mercantil con sus puertos, que cesará a la mayor posible brevedad."[10]

Para cumplir con todas las disposiciones de que venimos hablando, la Junta gubernativa hizo marchar a la ciudad rebelde una fuerza, a la cual se dio el nombre de Columna volante de la Unión. "En los últimos días de marzo las fuerzas de Mérida entraron en los barrios de Campeche, sin obstáculo alguno, y se situaron en el de Santa-Ana. Los habitantes, en unión de las tropas, se encerraron en la plaza, dispuestos defenderse. Muchos días permaneció la columna en su campamento, sin atacar ni ser atacada. Había una que otra escaramuza, muchos tiros al aire, y ningún herido ni menos ningún muerto.[11] El tiempo se pasaba en parlamentos, en juntas, en proposiciones que iban de Campeche y venían de Mérida, y nada se arreglaba. Los baluartes de Campeche eran de noche lugares de alegría y bulliciosa diversión: se iluminaban para ver al enemigo en caso de que se acercase, y para espantar al sueño, había músicas y bailes populares. En el campamento de Santa-Ana sucedía poco mas o menos lo mismo."[12]

Documento 5

En las conferencias que se celebraron entre el jefe de la columna por una parte, y los disidentes por otra, éstos llegaron a prometer que depondrían su actitud hostil, siempre que se aceptase la unión a México bajo todas las bases que contenía el Acta federativa.[13] Una coincidencia feliz vino a presentar al gobierno del Estado la ocasión oportuna para llenar esta exigencia. La referida acta fue comunicada oficialmente a la Junta gubernativa por el conducto ordinario, y el Congreso dispuso en 25 de marzo que inmediatamente fuese jurada y publicada en todo el Estado con las solemnidades acostumbradas.[14]  No fue esto todo. Habiendo solicitado indulto del mismo Congreso los comandantes de los cuerpos militares que componían la guarnición de Campeche, el 3 de abril expidió un decreto concediendo una amnistía general por los sucesos ocurridos en aquella plaza, siempre que a las seis horas de intimado a las autoridades por el jefe de las armas del Estado, se le franqueasen las puertas para que pudiese entrar con su columna y restablecer el orden interrumpido.

Pero ninguna de estas medidas produjo el resultado que se esperaba. Los mismos jefes militares que habían solicitado indulto, siguieron haciendo causa común con los sediciosos, sea porque se hubiesen arrepentido de haber vuelto sobre sus pasos, o porque careciesen de libertad para obrar, conforme a sus deseos.

Documento 6

Entre tanto la Columna permanecía en inacción en su campamento de Santa-Ana. Era fácil de comprender que en caso de que se rompiesen seriamente las hostilidades, la lucha no iba a ser igual para ambos contendientes. Las fuerzas del Estado carecían de los elementos necesarios para atacar con éxito una plaza fortificada, y en tal virtud se verían obligadas a pelear a. pecho descubierto contra los disidentes guarecidos tras de murallas, baluartes y cañones. Estas consideraciones obligaron al gobierno a disponer que la Columna volviese a Mérida, sin haber obtenido más que promesas vagas de los pronunciados. Volvieron a abrirse las comunicaciones oficiales entre la ciudad rebelde y la capital del Estado, y el Ayuntamiento de aquella dio algunas señales de obediencia, cumpliendo unas cuantas disposiciones del gobierno, relativas a hacienda. Pero en realidad quedaba en pie la rebelión, porque no fue repuesto ninguno de los empleados destituidos el 15 de febrero.

 



[1] La grande importancia que tienen en nuestra historia las condiciones con que Yucatán proclamó la república federal, nos ha hecho copiarlas literalmente del acta respectiva.

[2] El diputado de Campeche fue el único que no asistió a esta Junta memorable, acaso porque el ayuntamiento, lleno siempre de recelos, le había dado orden de que se retirase, si no había de tener la misma representación y voto que cualquiera de sus colegas. Tampoco estuvieron presentes los electores de partido de la misma ciudad, porque ya hemos visto que esta repugnó siempre la creación de una Junta gubernativa.

 

[3] Desde el día en que fue proclamada en el Estado la república federal comenzó a estar en boga la costumbre democrática de anteponer la palabra ciudadano al nombre de las personas, en lugar de la de Don, usada en la época Colonial. Como toda reforma suele ser llevada hasta la exageración por el fanatismo, se quiso hacer extensiva ésta hasta las señoras, y nosotros hemos visto documentos de la época, en que se les da el extravagante tratamiento de madamas para no llamarlas doñas.

[4] El decreto de 27 de agosto de 1823, del cual copiamos estas bases, no contiene la 5º.

[5] Nota pasada en 26 de marzo de 1824 al ministro de relaciones por la Junta gubernativa de Yucatán.

[6] Aznar Barbachano, Memoria.

[7] Véanse las bases acordadas en 29 de mayo del año anterior.

[8] Nota de la Junta al general Victoria, fechada en 10 de diciembre de 1823.

[9] Aznar Barbachano, Memoria

[10] Orden de 8 de marzo de 1824.

[11] En un documento oficial que tenemos a la vista, se habla de un vecino muerto y un soldado herido por los facciosos.

[12] Aznar Barbachano, Memoria.

[13] Nota que la Junta gubernativa dirigió al Ministro de Relaciones en 9 de abril de 1824.

[14] Colección de leyes, decretos y ordenes del Soberano Congreso, tomo I.